Argentina 1.5 participó en la 7° Semana del Financiamiento Climático y Sostenible, organizada por el Grupo de Financiamiento Climático para Latinoamérica y el Caribe (GFLAC), un espacio de intercambio sobre los desafíos para movilizar recursos y garantizar que el financiamiento climático responda a las necesidades de los países y las comunidades más vulnerables.
En este marco, destacamos dos aspectos centrales del debate internacional sobre financiamiento climático: la necesidad de traducir los compromisos políticos en una hoja de ruta concreta y la importancia de garantizar que los recursos movilizados sean accesibles, previsibles y adecuados para las necesidades de adaptación.
Triplicar el financiamiento para 2035 representa una señal política relevante y su implementación requiere definiciones concretas. Es necesario establecer una línea de base acordada, hitos intermedios verificables y mecanismos de seguimiento, además de vincular la meta con las necesidades reales de los países en desarrollo. Según el Informe sobre la Brecha de Adaptación 2025 del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), las necesidades de financiamiento para la adaptación de los países en desarrollo podrían alcanzar entre USD 310.000 y 365.000 millones anuales para 2035. Frente a esta brecha, resulta fundamental precisar qué recursos se contabilizan, quiénes deben aportarlos y cuáles serán los mecanismos para garantizar su movilización efectiva.
Más financiamiento, pero también de mejor calidad. El volumen de recursos no es el único desafío: también importan sus condiciones y las posibilidades reales de acceder a ellos. El financiamiento climático debe ser previsible, accesible y, especialmente para la adaptación, contar con una mayor proporción de recursos concesionales y donaciones, evitando profundizar el endeudamiento de los países vulnerables. Asimismo, es necesario simplificar los procedimientos, fortalecer el acceso directo de las instituciones que implementan las medidas y promover plataformas de financiamiento lideradas por los propios países. La efectividad del financiamiento debe evaluarse también por sus resultados concretos: que los recursos lleguen a los territorios y contribuyan a reducir vulnerabilidades y fortalecer la resiliencia de las comunidades.
La experiencia de Nepal permite ilustrar las dificultades que enfrentan los países vulnerables para acceder a recursos oportunos, particularmente ante necesidades urgentes. Estos desafíos ponen de relieve la importancia de contar con mecanismos que no solo movilicen financiamiento, sino que permitan disponer de él cuando y donde más se necesita.
La COP31, que se celebrará en Antalya, Turquía, en noviembre de 2026, representa una oportunidad para avanzar en la definición de una hoja de ruta que permita operacionalizar la meta de financiamiento. El desafío será transformar los compromisos políticos en mecanismos concretos, con responsabilidades claras, seguimiento transparente y recursos adecuados para responder a las necesidades de los países en desarrollo, especialmente en materia de adaptación.
