En julio, Santa Fe presentó oficialmente su Plan Provincial de Respuesta al Cambio Climático, un instrumento que reúne 35 medidas distribuidas en 9 sectores y acompañadas por 139 indicadores de seguimiento y resultados. Más que el cierre de un proceso, la presentación marca el comienzo de una etapa en la que el principal desafío será convertir la planificación en capacidad efectiva de implementación.
El Plan es, en realidad, el resultado de un proceso que comenzó varios años atrás. Su construcción atravesó distintas gestiones y combinó marcos normativos, cooperación técnica, participación sectorial y articulación con el Estado nacional. La Ley Provincial 14.019, sancionada en 2020, y su posterior reglamentación sentaron las bases de una política climática que logró sostenerse más allá de los cambios políticos.
Su presentación ocurre, además, en un contexto nacional particular. Mientras la arquitectura institucional creada por la Ley 27.520 continúa formalmente vigente, los espacios nacionales de coordinación de la política climática han perdido actividad y centralidad. Esta situación plantea una tensión relevante para una política que, por su propia naturaleza, requiere articulación entre distintos niveles de gobierno.
En este escenario, el caso santafesino permite observar una tendencia más amplia: frente a una menor dinámica de coordinación nacional, las provincias pueden adquirir un papel cada vez más relevante en la construcción de capacidades climáticas territoriales. Pero, ¿qué significa planificar la acción climática desde una provincia cuando los mecanismos nacionales de coordinación han perdido centralidad?
